Recientemente, un grupo de miembros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la institución que establece políticas públicas en cuanto a ciencia, tecnología e innovación, fueron acusados ante la Fiscalía General de la República por la propia dirección del Conacyt por distintos delitos. Después de que se negara el giro de la orden de aprehensión, la FGR informó que dicha orden se volvería a girar, argumentando falta de criterio por parte del juez.
Al respecto, el presidente López Obrador tocó en su conferencia matutina el tema de esta “élite intelectual”, tal como se refirió al grupo de 30 miembros del Conacyt. Además dio a conocer que María Elena Álvarez-Buylla, directora de la institución, envió un informe al respecto, mismo que consta de dos documentos en los que especificó cuál es la situación con este grupo de científicos e investigadores.
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Según refirió en su informe Álvarez-Buylla, se trata de investigadores que formaron una especie de asociación civil y recibían un prespuesto fijo por parte del Conacyt. El presidente López Obrador leyó las cifras que tal documento desglosó en cuanto a los gastos para realizar investigación científica y tecnológica que este grupo reportaba, y son las siguientes:
Cien millones de pesos para proyectos de ciencia y tecnología y 471 millones de pesos para cubrir los gastos de operación, entre los que se incluían: choferes, celulares, servicios de bocadillos, salarios e impuestos de 40 personas, comidas en restaurantes de lujo, viajes al extranjero y un inmueble de lujo en el centro de Coyoacán.
Ante ello el titular del Ejecutivo cuestionó con ironía “en Coyoacán…¿por qué no en Iztapalapa?” y acusó que dichos recursos no fueron justificados por el Conacyt. Por otra parte, el presidente señaló que fue dicha organización civil conformada por los 30 científicos, la que emitió el dictamen en 2007 que sirvió para justificar las omisiones de las autoridades federales respecto a la recuperación de los cuerpos de los mineros en Pasta de Conchos.